En el Derecho penal, hoy la denominada doctrina de los tres pilares, dice que la justicia penal se desarrolla a través del Derecho penal, que crea y establece la pena, determinando los presupuestos de la responsabilidad que pueden llevar a su imposición (delito, culpabilidad, etc.); a través del Derecho procesal penal, que, aplicado por los órganos judiciales termina en la sentencia y la correspondiente condena si se han constatado los presupuestos de la responsabilidad penal, y  a través del Derecho de ejecución penal, separado del Derecho penal y el Derecho procesal.

En un Estado Constitucional de Derecho, el Derecho de ejecución penal se debe entender como una instancia de garantía a través del cual se ejerce por la autoridad estatal, el poder punitivo o la potestad de sancionar contra aquellas personas que han quebrantado el orden jurídico al incurrir en alguna conducta prohibida previamente.

A través de las garantías constitucionales, convencionales y legales, se pretende asegurar que cuando el Estado materialice esa sanción, lo haga respetando la dignidad de todo ser humano y sus derechos fundamentales, con sujeción a las autolimitaciones adoptadas por el poder político democrático y civilizatorio, respetando los principios y el procedimiento establecido [garantía de legalidad y legalidad ejecutiva] y sin incurrir en abuso de su poder ni menoscabar esos derechos inherentes a todo ser humano.

Se hace muy necesario que la comunidad jurídica reflexione, replantee y revise todas las aristas y dificultades que tiene esta rama de Derecho, a fin de hacer de él, una herramienta eficiente de civilización, de orden, y de seguridad jurídica.

El programa que se propone se destina a proporcionar una visión especializada de los principales problemas que hoy afectan a la ejecución penal y su comparación con los principios teóricos que la informan. El objetivo es introducir una reflexión previa a la discusión de los concretos problemas de gestión que serán abordados en las sesiones que se desarrollarán.

Son temas que proporcionarán las claves de gestión y modernización que serán expuestas por profesionales que estudian esta sub agencia del sistema penal que, en ellas se definen los grandes retos de la ejecución penal en la sociedad actual: los principios de la ejecución penal, la política penitenciaria, los beneficios penitenciarios, el tratamiento penitenciario, la masificación, la diversidad, las largas condenas, la presión mediática, el humanismo, la seguridad.

Los contenidos del Derecho de Ejecución penal son especialmente ricos en principios en la dogmática, y otros derivados de los instrumentos de derechos humanos. Las penas y especialmente, la pena de prisión, son las intervenciones estatales más duras y violentas sobre los derechos fundamentales. Por eso sus límites deben ser especialmente rigurosos y se establecen en textos tanto nacionales como internacionales, que tienen su referente último en el respeto a la dignidad humana.

Por ello, este programa que se pone a disposicion de la comunidad juridico penal profundiza en los fundamentos de dichas instituciones con el fin de proporcionar el bagaje argumental necesario para interpretarlas correctamente de manera que permitan enjuiciar adecuadamente la realidad y resolver los retos actuales que plantea, desde el lado dogmático el Derecho de ejecucion penal.

La manera en que una sociedad sanciona a las personas, se ha convertido en una de las señales identificadoras de un país de primer orden y civilizado. En un mundo civilizado, la forma de ejecutar las sanciones privativas y no privativas de libertad debe hacerse con un estricto apego al imperio de la ley.

Con un espacio de reflexión académica como el que proponemos a la comunidad jurídica, buscamos contribuir a contar con un sistema de ejecucion penal compatible con un Estado Constitucional de Derecho.